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http://hdl.handle.net/10609/101306
Title: Fiscalidad del patrimonio familiar en las sucesiones mortis causa.
Author: MARTINEZ GALVEZ, ANTONIO CARLOS
Tutor: BERNARDO DAVID OLIVARES OLIVARES
Keywords: Principle of economic capacity; principle of generality; taxable fact; Tax Administration; taxpayer; transversality; usufructuary; owner; successors; relict flow
Issue Date: 2018
Publisher: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Abstract: Como se ha observado sobradamente, nos encontramos ante hechos de una trascendental relevancia. Son hechos que a todos nos han de suceder, bien como causahabientes bien como causantes. De sobra es conocido que el Derecho tributario es ¿hijo¿ del Derecho Administrativo. Todos tendremos que tener en multitud de ocasiones una relación más o menos fluida y continuada con el Derecho Administrativo (ej.: solicitar una beca; recurrir una sanción de tráfico; abonar impuestos; o concurrir a una oposición), de ahí la tremenda relevancia que tiene disponer del más alto de grado de conocimientos posible y de tener perfectamente actualizados esos conocimientos, en relación a toda situación jurídico tributaria. Para ilustrar más detenidamente esta relevancia podemos poner como ejemplo el hecho de que hasta no hace tanto, existía un diferente trato fiscal en el ISD entre residentes y no residentes en España, tanto comunitarios como extracomunitarios. El Art. 63.1 TFUE (antiguo Art. 56 TCE) establece que ¿En el marco de las disposiciones del presente capítulo, quedan prohibidas todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países¿. Por otro lado, el Art. 40 del Acuerdo EEE determina que ¿En el marco de las disposiciones del presente Acuerdo, quedarán prohibidas entre las Partes Contratantes las restricciones de los movimientos de capitales pertenecientes a personas residentes en los Estados miembros de las CE o en los Estados de la AELC, así como las discriminaciones de trato por razón de la nacionalidad o de la residencia de las partes o del lugar donde se hayan invertido los capitales. En el Anexo XII figuran las disposiciones necesarias para la aplicación del presente artículo¿. Someter a una imposición distinta por permitir que se establezcan diferencias en el tratamiento fiscal de las sucesiones y donaciones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España; entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste, supone no solo un trato discriminatorio evidente sino también la conculcación del principio de prohibición de restricción a la libre circulación de capitales, con lo que el Estado español estaría incumpliendo la normativa comunitaria en relación a las obligaciones que le incumben, en virtud de los Arts. 63.1 TFUE y 40 Acuerdo EEE. Por ello, la STJUE de 03 de Septiembre de 2014, Asunto C¿127/12, en sus CONSIDERANDOS SETENTA Y NUEVE; OCHENTA; OCHENTA UNO y OCHENTA Y CUATRO declara respectivamente que ¿¿debe apreciarse que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63 TFUE, al permitir que se introduzcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste¿ (CONSIDERANDO 79); que ¿La constatación con fundamento en el artículo 63 TFUE de la existencia de una restricción es también obligada en relación con el artículo 40 del Acuerdo EEE, toda vez que las disposiciones de este último artículo tienen el mismo alcance jurídico que las disposiciones idénticas, en sustancia, del artículo 63 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Alemania, C¿600/10, EU:C:2012:737, apartado 27)¿ (CONSIDERANDO 80); que ¿¿ debe apreciarse que la legislación estatal discutida constituye una restricción prohibida por el artículo 40 del Acuerdo EEE¿ (CONSIDERANDO 81); y que ¿De cuanto antecede resulta que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo EEE, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios residentes y no residentes en España, entre los causantes residentes y no residentes en España y entre las donaciones y las disposiciones similares de bienes inmuebles situados en territorio español y fuera de éste¿ (CONSIDERANDO 81). Ante ello, España introdujo modificaciones normativas, llevadas a cabo en virtud de la Disposición Final Tercera de la Ley 26/2014 de 27 de Noviembre, que entró en vigor el 1 de Enero de 2015, por la que se modificó la Disposición Adicional Segunda de la Ley 29/1987, del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Aun así, las modificaciones introducidas, solo contemplaron a los residentes comunitarios, dejando fuera a los extracomunitarios, situación a la que ha puesto fin la STS 242/2018 de 19 febrero, RJ 2018\831, PONENTE: Sr. Herrero Pina. Esta resolución judicial estima el recurso de la recurrente, residente en Canadá, que ejercitaba acción de responsabilidad patrimonial de la Administración por violación del derecho comunitario por un Estado miembro, condenando a la Administración demandada a que abonase a la recurrente la diferencia entre la cuota autoliquidada por el ISD, y la que resultaría por aplicación de la normativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña, vigente al momento del devengo del impuesto, con los intereses legales, desde la reclamación a la Administración. Así, la STS estima la existencia de discriminación de trato para los residentes extracomunitarios debido a que la normativa europea considera en principio a los herederos y donatarios, sean residentes o no residentes, como sujetos pasivos a efectos de la percepción del ISD sobre los bienes inmuebles situados en España. Por tanto, no existe diferencia alguna entre la situación objetiva de un residente y la de un no residente que pueda sustentar una diferencia de trato. Por otra parte, cuando una normativa nacional coloca en el mismo plano a efectos del ISD a los residentes y los no residentes, o a los bienes situados en el territorio nacional y los situados fuera de éste, esa normativa no puede, sin crear discriminaciones, tratar de manera diferente en el marco del mismo impuesto a esas dos categorías de sujetos pasivos o de bienes en lo que atañe a las reducciones fiscales. Con esta ejemplificación, concluyo mi parecer respecto a lo relevante del conocimiento exhaustivo y actualizado respecto al marco normativo jurídico-tributario, a su aplicación y al hecho, indubitado, de que nos afecta, y mucho, en la cotidianeidad de nuestra vida.
Language: Spanish
URI: http://hdl.handle.net/10609/101306
Appears in Collections:Bachelor thesis, research projects, etc.

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