E-invoice regulation in the public sector

Abstract

The regulation of e-invoice use in the public sector was recently amended by Law 25/2013 (27 December) on fostering the e-invoice and creating a register of invoices in the public sector. This statute aims primarily at reducing late payment in the public sector by fostering the use of the e-invoice and creating a register of invoices to streamline vendor payment procedures and provide more detailed information on due invoices. It also regulates aspects including a register for invoices and the invoice processing procedure in the public sector, the effects of receiving an e-invoice, the powers of the control bodies and collaboration with the Spanish Tax Administration Agency, the validity of the e-invoice in the public sector and its effects for taxation, the exchange of information between the tax office and public payment bodies on their debtors and on payments to venders, the e-invoice for companies providing services to the public in general of special economic significance, and the enforceable effectiveness of the e-invoice.

La regulación del uso de la factura electrónica en las administraciones públicas ha sido recientemente modificada por medio de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público. Mediante esta norma se pretende fundamentalmente luchar contra la morosidad de las administraciones públicas, a través del impulso de la utilización de la factura electrónica y la creación de un registro contable, de forma que se agilicen los procedimientos de pago a los proveedores y se conozcan con más detalle las facturas pendientes de pago. También se regulan en esta norma legal, entre otros temas, el registro contable de facturas y el procedimiento de tramitación en las administraciones públicas, los efectos de la recepción de la factura electrónica, las facultades de los órganos de control y colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la validez de la factura electrónica ante las administraciones públicas y sus efectos tributarios, el intercambio de información entre la hacienda pública y los órganos pagadores de las administraciones públicas sobre los deudores de estas y los pagos a los proveedores, la factura electrónica en las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica y la eficacia ejecutiva de la factura electrónica.